Y tras una jornada intensa en torno a este reto laboral, una de las primeras conclusiones que pueden extraerse se refiere al objeto de estudio, es decir a la propia discapacidad. La mayoría de los participantes en la jornada, si no todos, advierten y enfatizan el hecho de que el rostro de la discapacidad ha cambiado y en la actualidad la principal causa de discapacidad es la sobrevenida, según palabras de Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE y secretario general del CERMI.

 

“Ha habido cambios sociológicos, cambios de la base social sobre la que operamos”, asegura a su vez el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno. “La discapacidad tiene un nuevo rostro, que es la discapacidad sobrevenida, antes todas nuestras políticas y dispositivos de atención estaban pensados en el niño y la niña que nacen con discapacidad o que la adquieren los primeros días o meses de vida… pero eso ha cambiado profundamente y nuestra legislación, nuestras políticas de empleo no han cambiado, no se están ajustando a la nueva realidad social de la discapacidad”, denuncia. 

 

Por su parte, Marina Prieto, secretaria de Igualdad de FeSMC-UGT Madrid, apunta datos fundamentales, como que “aproximadamente un millón y medio de personas adquieren una discapacidad sobrevenida a lo largo de su vida en edad laboral”, además asegura que “la inmensa mayoría de estas personas adquieren la discapacidad por una enfermedad, teniendo en cuenta además el aumento en la esperanza de vida”. También desde UGT, Adela Carrió, secretaria confederal del sindicato, insiste en dejar claro que la discapacidad sobrevenida no es solo accidente laboral.

 

 

Así ha definido Alberto Durán, como un camino largo y difícil, el proyecto de “mantener a las personas con discapacidad en el empleo”. Y es que en esta sociedad, en este país, según palabras de Pérez Bueno, “muchas personas que adquieren una discapacidad tienen su vida estructurada, pero la aparición de la discapacidad las altera y trastoca, y en muchos casos quedan fuera de su puesto de trabajo. No tenemos medidas de acompañamiento que favorezcan la retención de las personas con discapacidad en el empleo y tendemos casi a la expulsión”. 

 

En un afán por definir y acotar la cuestión, Manuel de la Rocha, Abogado de UGT, explica que un trabajador con discapacidad, al producirse un conflicto con la empresa, tiene una condición que hay que poner en primer lugar encima de la mesa, y es “una especial protección derivada del derecho a no ser discriminado”, recogido en el propio Estatuto de los Trabajadores. Un derecho que está potenciado y reforzado por una Directiva europea, 2000/78, que desarrolla qué es una discriminación directa o indirecta y “sobre todo establece la obligación, en un artículo importante de esta directiva, de los empresarios de adoptar las medidas adecuadas en función de las necesidades de cada situación concreta para permitir a las personas con discapacidad acceder al empleo, mantenerse en el empleo o progresar profesionalmente”.  

 

Aunque, según De la Rocha, “no se nos escapa ni se nos puede escapar que el tejido productivo de nuestro país, en el que el 91% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores, en muchos casos dificulta que el empresario pueda encontrar un puesto de trabajo adaptado para una persona con discapacidad”. 

 

 

Ante el panorama que se ha ido dibujando, la idea principal es la construcción de una nueva agenda. Según el presidente del CERMI, “no tenemos ni legislación de seguridad social ni legislación laboral ni medidas de acompañamiento que favorezcan la retención de las personas en el empleo, el mantener el talento y esa capacidad laboral demostrada”. El legislador y los responsables de las políticas públicas están lejos de ser conscientes de ese cambio y “tenemos que ser la sociedad civil, las organizaciones sindicales, obreras, en este caso la UGT, las organizaciones sociales que representamos a las personas con discapacidad y sus familias las que tengamos que construir una nueva agenda”, asevera Pérez Bueno.

 

Esta jornada y el convenio firmado hace unos días es una muestra de esa intención de construir una agenda política que deje constancia de ese problema, de que existe una insuficiencia de respuesta a la necesidad de mantener el empleo para las personas con discapacidad sobrevenida mientras trabaja. En esa agenda, también los operadores sociales aquí comprometidos asumen la tarea de proponer al legislador y al poder político un nuevo marco normativo de políticas públicas que dé respuestas a esa realidad. 

 

Según el secretario general de UGT, hay un hecho que dificulta la realidad laboral de las personas con discapacidad sobrevenida, y es la especialización de las empresas y además “hay una tendencia a expulsar porque las empresas son cada día más robots, no solo porque hay robots en las cadenas sino porque son más robóticas en el sentido de que todo está pautado y nada que no forma parte de las pautas merece la pena mantenerlo y eso genera cada día más problemas desde el punto de vista de la inclusión”. 

 

 

A juicio del representante del sindicato, “tenemos un instrumento de gran utilidad, que es la negociación colectiva”. Y hace al mismo tiempo un ejercicio de autocrítica, reconociendo que su sindicato tiene que mejorar esta realidad: “El sindicalismo tiene que mejorar para incorporar como prioridad el tema de la discapacidad y la incorporación de las personas con discapacidad a las empresas, por eso desde el sindicato estamos trabajando en una red de personas que trabajen en los centros de trabajo y están en las mesas de negociación de los convenios, personas que tengan una formación y una sensibilidad especial y trabajen especialmente los temas de igualdad, uno de ellos es la discapacidad”. 

 

La negociación colectiva es un instrumento que no está suficientemente trabajado, a juicio del máximo representante de UGT. Y según Marina Prieto, “los agentes sociales tenemos un mecanismo fundamental, que es la negociación colectiva, para lograr que esa personas con discapacidad sobrevenida no sean expulsadas del mercado laboral, y de esta manera estaríamos cumpliendo ese mandato de la Convención que en el artículo 27 establece que aquellas personas que tienen una discapacidad sobrevenida puedan conservar su puesto de trabajo y en esa dirección deben dictarse las políticas activas de empleo“. En esa negociación colectiva, lo necesario es introducir en los convenios de las empresas cláusulas que favorezcan al trabajador con discapacidad sobrevenida. Y enumera unos cuantos buenos ejemplos en los que la UGT ha logrado introducir ese tipo de cláusulas. 

 

En una nueva intervención, Pepa Torres, Directora Gerente de Feacem y secretaria de la Comisión de Inclusión Laboral del CERMI, aporta una serie de opiniones y datos de interés pero resume su intervención en varias condiciones imprescindibles, una de ellas es esa negociación colectiva. Según esta experta, “cada vez existen más mecanismos que favorecen la adaptación del puesto de trabajo a la persona y nunca lo pensamos”, de ahí que sea necesario repensar estas políticas tal y como se hace en esta jornada. Habla Pepa Torres de un ecosistema integral de apoyo y apunta que “la intervención de las organizaciones sindicales en la negociación colectiva es imprescindible y hay que dar un paso decisivo en contemplar esas cláusulas que resuelvan un poco la situación que tenemos”. 

 

 

La Convención de la ONU sobre Discapacidad ha sido una de las protagonistas en esta jornada por las continuas referencias que se han hecho a la normativa relacionada con esta realidad, como ocurría en la intervención de la responsable de Feacem. “Nosotros desde luego optamos por una adaptación de nuestra normativa a la Convención”, afirma Pepa Torres, y “hacer realidad el artículo 27, 1a y 1e, de no discriminación y para que los Estados miembro, en este caso España, tenga una legislación que prime el mantenimiento y el retorno al puesto de trabajo cuando se produzca una discapacidad”. 

 

Pero durante una hora ha sido casi la protagonista absoluta gracias a la conferencia magistral de Fernando Valdés Dal-Re, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid, que llevaba por título: "Retos de la regulación internacional de Naciones Unidas en el tratamiento de las personas con discapacidad". En un recorrido histórico sobre la normativa relacionada con discapacidad en el ámbito nacional, europeo, incluso internacional, ha expuesto una serie de ideas que arrojan luz en esta cuestión. Una de ellas aborda la escasez de datos en temas de discapacidad, algo que las propias Naciones Unidas admitía en 2010 y calificaba como un problema. Todo ello a pesar de que, según el catedrático, Naciones Unidas ha sido la gran promotora del cambio introducido en el concepto de la discapacidad en los últimos tiempos, en ese paso del modelo asistencial al modelo social, de derechos humanos. Según expone, ya en 1950, Naciones Unidas, desde el Consejo Económico y Social, hace un llamamiento a los Estados para facilitar la integración de las personas con discapacidad. 

 

El activismo de las Naciones Unidas a favor de las personas con discapacidad ha sido constante, según Valdés, incluso en cuestiones de empleo y lo demuestra en su clara posición en la Convención y a lo largo de la historia, siempre a favor del empleo ordinario como objetivo primordial e instando a los Estados a incentivar a los empresarios a realizar los ajustes razonables. 

 

En sus últimas palabras, recurre a la sabiduría de un especialista en derecho, autor del libro “Los derechos en serio”, Ronald Dworkin, quien afirma que “el grueso del derecho, entendiendo por tal aquella parte del mismo que define y condiciona la ejecución de las políticas sociales y económicas, no puede ser neutral”. “No lo es porque los derechos representan la promesa que la mayoría hace a las minorías de que la dignidad y la igualdad de éstas van a ser respetadas”, asegura el ilustre jurista. “De no tomarse los derechos en serio, tampoco se estará tomando con seriedad el Derecho con mayúscula”, concluye en su cita de Dworkin.